Estados Unidos descertifica a Bolivia y Colombia en la lucha antidrogas: implicaciones y reacciones
La política exterior de Estados Unidos ha mantenido, desde 1986, un mecanismo de “certificación” que evalúa los esfuerzos de más de veinte países productores o de tránsito de drogas ilícitas. En septiembre de 2025, la administración de Donald Trump decidió retirar a Bolivia, Colombia, Afganistán, Venezuela y Birmania de la lista de naciones “cooperantes” en la lucha contra el narcotráfico, argumentando incumplimientos manifiestos a los acuerdos internacionales en la materia. Esta decisión generó tensiones diplomáticas y abrió el debate sobre la efectividad de las estrategias antidrogas en la región.
El comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. fue categórico al advertir que los países que no asuman con responsabilidad la lucha contra el narcotráfico enfrentarán “graves consecuencias”. Aun así, la nota aclaró que Washington considera “vital” continuar brindando asistencia a naciones como Colombia, Bolivia, Venezuela y Birmania, lo que revela un doble discurso entre sanción y cooperación.
“Los países que no asuman responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico enfrentarán graves consecuencias.”
En el caso de Bolivia, se reconocieron avances en incautaciones de cocaína y en la colaboración con agencias estadounidenses para procesar a narcotraficantes, como en el caso del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila. Sin embargo, el informe enfatizó que el país aún enfrenta enormes retos para evitar convertirse en un espacio fértil para organizaciones criminales transnacionales.
La reacción más inmediata surgió desde Colombia, donde el presidente Gustavo Petro calificó la decisión como injusta, recordando el costo humano que ha representado para policías, militares y ciudadanos comunes enfrentar el narcotráfico. A su vez, Washington criticó el aumento de cultivos de coca bajo su mandato, señalando que solo una erradicación más agresiva y la judicialización de beneficiarios directos del negocio podrían revertir la medida.
El contexto colombiano es especialmente complejo. Aunque altos mandos del Ejército y la Policía viajaron recientemente a Washington para exponer los esfuerzos realizados —incluyendo la incautación de más de 889 toneladas de cocaína en 2024—, la percepción estadounidense es que los acuerdos con grupos armados ilegales han debilitado la estrategia de seguridad. La descertificación, además, podría afectar la cooperación internacional para combatir organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.
En paralelo, la lista de países señalados como productores o puntos de tránsito de drogas ilícitas sigue siendo extensa. Abarca desde Latinoamérica y el Caribe (Perú, México, Guatemala, Honduras, entre otros) hasta Asia (China, India, Laos, Pakistán), lo que evidencia que el fenómeno no se limita a la región andina sino que responde a dinámicas globales.
“Bolivia ha aumentado incautaciones de cocaína y colaborado con EE.UU., pero aún enfrenta retos importantes.”
La descertificación de Bolivia y Colombia reabre un viejo debate: ¿hasta qué punto la política antidrogas de Estados Unidos responde a criterios técnicos o a intereses geopolíticos? Mientras que Bolivia enfrenta el desafío de consolidar sus avances sin ser catalogada como un “refugio” del narcotráfico, Colombia queda bajo una presión internacional que puede impactar su seguridad interna y su imagen global. Lo cierto es que, más allá de sanciones o certificaciones, el narcotráfico sigue siendo un fenómeno transnacional cuya solución requiere cooperación equilibrada, reconocimiento de los costos locales y un enfoque que vaya más allá de la erradicación forzada.
