La escasez de diésel en Bolivia: un freno silencioso para la economía
Las largas filas en surtidores de todo el país se han convertido en un símbolo de la crisis energética que atraviesa Bolivia. Lo que comenzó afectando a transportistas ahora golpea directamente al agro, la minería, la industria y hasta la producción de alimentos. La falta de diésel amenaza con paralizar sectores estratégicos y comprometer la estabilidad económica, mientras empresarios y productores exigen soluciones inmediatas al Estado.
La escasez de combustible tiene múltiples consecuencias. En Santa Cruz, los aceiteros advierten que el traslado de soya y subproductos se encarece y reduce los turnos de trabajo. Los mineros alertan sobre la paralización de maquinaria pesada que podría frenar exportaciones, mientras la Federación de Surtidores (Asosur) denuncia que YPFB no entrega los volúmenes suficientes para cubrir la demanda interna.
“La crisis del combustible ya generó pérdidas de 200 millones de dólares en el PIB de Cochabamba.”
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) elevó su voz de protesta, señalando que la falta de diésel compromete la siembra y la logística de alimentos en plena temporada productiva. “Esto pone en riesgo no solo a los productores, sino a toda la cadena de abastecimiento”, advirtió Klaus Frerking, su presidente. El problema, remarcan los empresarios, no es coyuntural, sino consecuencia de una falta de planificación en la importación y distribución de combustibles.
La situación es crítica en el sector lechero. La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) alertó que en menos de ocho días podría paralizarse la planta que produce el 78% del balanceado nacional. El sector, que ya arrastra una caída del 30% en dos años, enfrenta la imposibilidad de trasladar insumos clave como maíz, soya y cascarilla. A ello se suma la política de cupos y restricciones que limita la capacidad exportadora: antes se exportaban hasta 100.000 litros de leche diarios; hoy apenas se logra entre 15.000 y 20.000.
En Cochabamba, el impacto económico ya es medible: la Federación de Entidades Empresariales Privadas (FEPC) estima pérdidas de 200 millones de dólares en el PIB departamental, lo que equivale al 2,9% de su economía. Según el reporte, 65.000 empresas se han visto afectadas por paros en sus operaciones, un incremento del 40% en los costos logísticos y la pérdida de competitividad frente a competidores internacionales.
El trasfondo de la crisis tiene un componente financiero. La estatal YPFB reconoció dificultades en la importación de diésel debido a la escasez de divisas, lo que ha reducido el suministro promedio en un 10% durante el último año. A esto se suma un contexto inflacionario del 25,35% acumulado en 12 meses, generando más presión sobre empresas y familias.
“La falta de diésel compromete la siembra y la logística de alimentos en plena temporada productiva.”
La falta de diésel se ha convertido en un factor de riesgo sistémico para la economía boliviana. Más allá de las filas en los surtidores, la crisis amenaza con paralizar la producción agrícola, reducir exportaciones mineras, afectar la seguridad alimentaria y debilitar la competitividad del país.
La solución no puede limitarse a parches coyunturales: se requiere un plan integral de abastecimiento, acompañado de políticas de diversificación energética y mayor transparencia en la gestión de divisas para la importación de combustibles. De lo contrario, la escasez de diésel podría transformarse en un freno prolongado para la economía nacional, con consecuencias sociales aún más graves.
