América Latina y el costo de una regulación que no se cumple

La distancia entre las normas y su aplicación efectiva se ha convertido en un factor que condiciona la actividad empresarial en América Latina. Más allá de la existencia de marcos legales, la complejidad de los trámites, la incertidumbre institucional y los costos de cumplimiento inciden directamente en la capacidad de las empresas para formalizarse, invertir y ampliar sus operaciones.

Cinco investigaciones presentadas en septiembre de 2026 durante el foro regional LATAM Sin Barreras, realizado en Bogotá, identificaron obstáculos comunes en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala. Aunque cada país presenta particularidades, los estudios coinciden en un problema estructural: contar con derechos y procedimientos establecidos no garantiza que las empresas y las personas puedan aprovechar las oportunidades económicas.

La brecha entre regulación y actividad económica

El diagnóstico regional pone en cuestión una premisa habitual de las políticas públicas: que establecer procedimientos y requisitos es suficiente para generar condiciones favorables a la actividad productiva. En la práctica, la efectividad de una regulación depende también de su claridad, previsibilidad y viabilidad de cumplimiento. Cuando estos elementos fallan, los costos administrativos pueden convertirse en barreras de entrada y expansión.

En Bolivia, la investigación de Fundación Milenio vinculó la informalidad con la baja productividad y las dificultades de crecimiento de las pequeñas empresas. El estudio plantea que la formalización debe estar acompañada de beneficios concretos, como el acceso a financiamiento, mercados e inversión. Sin estas condiciones, el cumplimiento de obligaciones puede representar un costo adicional sin ofrecer una vía clara hacia la expansión empresarial.

La situación colombiana expone otra dimensión del problema. De más de 23.400 vendedores informales registrados en Bogotá entre 2001 y 2024, apenas el 1% fue incorporado a programas de inclusión productiva, de acuerdo con el estudio presentado por el Centro de Estudios Manuel Ramírez. La cifra muestra la diferencia entre registrar y regular una actividad económica y generar mecanismos efectivos para facilitar su transición hacia otras formas de participación productiva.

En El Salvador, las restricciones aparecen en la conexión entre formalización y acceso a mercados internacionales. Aunque el país experimentó un fuerte crecimiento de la apertura comercial, solo el 6,2% de las empresas formales exportó bienes en 2022. Las pequeñas empresas representaron el 86% de las firmas exportadoras, pero concentraron únicamente el 4% del valor exportado. Esta diferencia evidencia que participar en el comercio exterior y capturar una proporción significativa de sus beneficios son desafíos distintos.

Los costos de la incertidumbre institucional

La carga regulatoria no se limita a la cantidad de normas. También importa el tiempo necesario para obtener autorizaciones, la coordinación entre instituciones y la proporcionalidad de los requisitos frente a la capacidad de cada empresa. En Guatemala, por ejemplo, una licencia sanitaria podía tardar entre cinco y ocho meses en 2025, pese a que el plazo oficial establecido era de entre 15 y 20 días hábiles. La diferencia entre el tiempo previsto y el real introduce incertidumbre en la planificación de inversiones y operaciones.

En Argentina, la investigación identificó 150 tributos, de los cuales 82 eran municipales, y advirtió que aplicar requisitos similares a empresas de tamaños distintos puede generar costos desproporcionados para los negocios pequeños. La multiplicidad de obligaciones y jurisdicciones añade complejidad a la gestión financiera y administrativa, especialmente para las compañías con recursos limitados para atender procesos de cumplimiento.

Estos casos reflejan cómo la regulación puede afectar de manera desigual a los distintos segmentos empresariales. Mientras las organizaciones de mayor escala pueden disponer de equipos especializados para gestionar trámites y obligaciones, las pequeñas empresas enfrentan mayores restricciones para absorber esos costos. El resultado potencial es una brecha en las condiciones de competencia y en las posibilidades de crecimiento.

De la simplificación normativa a la capacidad institucional

Durante el foro regional, Norman Loayza, director del Grupo de Política Económica del Banco Mundial, destacó la importancia de las instituciones sólidas, la seguridad jurídica, un entorno favorable para los negocios y el capital humano para impulsar el desarrollo y la resiliencia económica. Estos factores conectan la calidad de las reglas con la capacidad de los países para sostener la inversión y la actividad productiva.

Las recomendaciones presentadas por CIPE apuntan a intervenir tanto en el diseño de las regulaciones como en su ejecución. Entre las propuestas figuran consultar a los actores económicos antes de modificar normas, fortalecer las capacidades institucionales, simplificar los procedimientos antes de digitalizarlos y hacer previsibles los costos y tiempos de los trámites. También se plantea evaluar el impacto de las nuevas regulaciones y mejorar la coordinación entre entidades públicas.

La digitalización, por sí sola, no resuelve los problemas de fondo si los procedimientos continúan siendo redundantes o poco claros. Trasladar un trámite complejo a una plataforma electrónica puede facilitar su acceso, pero no necesariamente reduce el número de requisitos ni la incertidumbre sobre su resolución. Por ello, la simplificación y la revisión de los procesos constituyen pasos previos relevantes para que la tecnología contribuya a mejorar la relación entre el Estado y las empresas.

Un desafío regional con soluciones nacionales

Las investigaciones también señalaron que los indicadores internacionales de libertad económica no siempre reflejan adecuadamente las particularidades institucionales, jurídicas, económicas y sociales de América Latina. CIPE propone avanzar hacia un marco de medición que considere esas diferencias y permita analizar con mayor precisión los obstáculos que enfrentan las actividades productivas en cada país.

La creación de una red regional de centros de pensamiento, organizaciones empresariales y expertos busca ampliar el intercambio de evidencia y propuestas. Sin embargo, la posibilidad de trasladar recomendaciones entre países dependerá de las características de sus instituciones y de la capacidad de adaptar las reformas a cada contexto.

El desafío de fondo no es reducir la regulación indiscriminadamente, sino asegurar que las normas cumplan su función sin imponer costos innecesarios ni crear barreras que limiten la actividad económica. La diferencia entre una reforma normativa y una transformación efectiva estará en su implementación: instituciones capaces de aplicar reglas claras, procedimientos previsibles y condiciones que permitan a las empresas convertir la formalización en una oportunidad real de crecimiento.