Bolivia cerró el año 2025 con un dato que vuelve a encender las alertas regionales: 841 conflictos sociales registrados en una sola gestión, el mayor número reportado en América Latina. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado o coyuntural, esta cifra confirma una tendencia estructural que atraviesa décadas y que hoy se consolida como parte del comportamiento cotidiano de la sociedad boliviana.
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Bolivia expondrá su Agenda de Crecimiento, Inversión y Desarrollo Sostenible en el marco del Foro Económico Internacional de la CAF
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El proyecto del túnel Aguaragüe, ubicado en el departamento de Tarija, apunta a consolidar la conexión de Bolivia con los
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Bolivia se prepara para impulsar sectores estratégicos que podrían transformar su crecimiento económico en los próximos años. En una visita histórica, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, destacó el compromiso del organismo internacional de respaldar proyectos en energía, minería, turismo y agroindustria. Esta iniciativa busca no solo fortalecer la estabilidad macroeconómica, sino también acelerar la inversión concreta y la ejecución de proyectos de alto impacto.
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En un contexto regional donde la movilidad estudiantil se ha intensificado, Bolivia comienza a consolidarse como un destino emergente para estudiantes internacionales en educación superior. Más allá de su reconocida diversidad cultural y riqueza natural, el país empieza a destacar por un modelo académico que combina costos accesibles, reconocimiento regional de títulos y una formación cada vez más orientada a la práctica y la internacionalización. Esta transformación posiciona a Bolivia como una alternativa competitiva frente a destinos tradicionales de la región.
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El reciente anuncio sobre la disponibilidad de hasta 4.500 millones de dólares en financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Bolivia ha reactivado el debate en torno a la sostenibilidad de la deuda pública, la calidad de las condiciones crediticias y la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de alto impacto social. Más allá de la cifra, lo relevante está en los términos bajo los cuales se estructuran estos créditos y en el uso estratégico que el país pueda darles.
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La transformación digital del Estado boliviano acaba de cruzar un umbral decisivo. Con la promulgación del Decreto Supremo 5519, el Gobierno reconfigura la estructura institucional que sostiene el ecosistema digital público, retirando a la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) de la Vicepresidencia y concentrando sus funciones en la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC). Más que un simple cambio administrativo, la medida revela una apuesta estratégica por centralizar la gobernanza tecnológica y fortalecer la arquitectura del llamado Estado digital.
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Bolivia atraviesa uno de los momentos económicos y sociales más complejos de los últimos años. El Gobierno nacional declaró Emergencia Energética y Social en todo el territorio mediante el Decreto Supremo N.º 5517, una medida que reconoce oficialmente la convergencia de tres factores críticos: inflación sostenida, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles. Más allá del anuncio político, la norma marca un punto de inflexión en la gestión económica del país y abre un debate profundo sobre el modelo energético, productivo y fiscal vigente.
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La conflictividad social vuelve a mostrar su impacto más severo sobre la economía boliviana. En apenas cinco días de bloqueos de caminos, impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores en rechazo al Decreto Supremo 5503, el país registró pérdidas estimadas en 500 millones de dólares, una cifra que refleja no solo un daño financiero inmediato, sino también consecuencias profundas en la producción, el abastecimiento y la estabilidad social. Analizar estos efectos permite dimensionar cómo las medidas de presión prolongadas afectan de forma directa a la población y a los sectores productivos estratégicos.
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La entrada del grupo estadounidense Apollo Sports Capital como accionista mayoritario del Atlético de Madrid marca uno de los movimientos corporativos más relevantes en el fútbol europeo reciente. Más allá del titular, la operación abre preguntas sobre la dirección estratégica del club, los modelos de gobierno en el deporte y el papel del capital privado en la construcción de competitividad.
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